Las familias en quiebra también se merecen un rescate: exige una “Ley de Segunda Oportunidad”
Las familias en quiebra también se merecen un rescate: exige una “Ley de Segunda Oportunidad”
Acción promovida por CEACCU
En 2010 se produjeron cerca de cien mil ejecuciones hipotecarias con resultado de embargo, cuatro veces más que al inicio de la crisis. A pesar de este aumento de las familias en quiebra, los ciudadanos no disponemos de un mecanismo adecuado para negociar el pago de las deudas.
Ante esta realidad, y cuando los casos particulares que transcienden están creando un verdadero escándalo social, CEACCU tiene en marcha una campaña para pedir a los Grupos Parlamentarios y al ministerio de Economía que cambien las leyes para que se equipare a las familias con las empresas, de modo que puedan liquidar sus deudas con los activos disponibles en el momento de la quiebra. Esto supone que, por ejemplo en el caso de un préstamo hipotecario, se cancelen los pagos pendientes con la entrega de la vivienda.
Para que estas reformas prosperen necesitamos tu ayuda: Pide a la ministra de Economía que impulse una “Ley de Segunda Oportunidad para las familias en quiebra”
¿Cómo? En la Comisión Parlamentaria que se ha creado en el Congreso para debatir la normativa hipotecaria.
¿Cuándo? Las reuniones comienzan a finales de mayo.
¿Es posible? Sí, porque si es posible para las empresas, también lo será para las familias. El Gobierno, igual que vela por la salud financiera de las empresas, con más motivo ha de hacerlo con la salud económica del consumidor, cuya capacidad de solucionar un problema de este calibre es mucho menor.
Sra. Dña. Elena Salgado Méndez
Ministra
Ministerio de Economía y Hacienda
Estimada ministra:
Como ya sabrá por los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2010 se produjeron cerca de cien mil ejecuciones hipotecarias con resultado de embargo (93.622), cuatro veces más que al inicio de la crisis cuando esa cifra era de 25.943.
Sin embargo, y a pesar de este aumento de las familias en quiebra, los ciudadanos no disponemos de un mecanismo adecuado para negociar el pago de las deudas.
Ante esta realidad, ahora más acuciante, le pedimos que, como ministra de Economía, impulse los cambios normativos necesarios para que se equipare a las familias con las empresas, de modo que puedan liquidar sus deudas con los activos disponibles en el momento de la quiebra.
Esto supone que, por ejemplo en el caso de un préstamo hipotecario, se cancelen los pagos pendientes con la entrega de la vivienda.
Además, reclamamos:
“Que se habilite un procedimiento sencillo y sin costes para las familias, alternativo al concurso de acreedores, teniendo en cuenta el gasto adicional que representa este sistema: Así, para un caso tipo de un usuario cuyo pasivo estuviera compuesto por las siguientes deudas: hipoteca (126.000 euros pendientes de amortizar), compra de automóvil (15.000 euros) y créditos al consumo (9.000 euros), el coste de poner en marcha un concurso de acreedores ascendería a los 19.700 euros”.
“Que en el proceso de renegociación de la deuda, se contemplen garantías para las familias en situación de quiebra sobrevenida (por paro o enfermedad) que evite los embargos y permita mantener la vivienda habitual”.
Entendemos que estas reformas no sólo son necesarias y justas, sino posibles en el marco de la Subcomisión creada en el Congreso como respuesta al clamor social en apoyo de estas exigencias.
El Gobierno, igual que vela por la salud financiera de las empresas, con más motivo ha de hacerlo con la salud económica del consumidor, cuya capacidad de solucionar un problema de este calibre es mucho menor.
Atentamente.